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(unos 1.675 millones de euros) para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación y el plan fiscal estructural a medio plazo. Si bien por el momento no ha concretado cuáles revisará o eliminará ya que depende de que cumpla sus objetivos, los informes en los que se basará su análisis apuntan desde los premios de loterías o las indemnizaciones por despido, a los tipos reducidos de IVA o el diésel.

Durante el segundo trimestre de 2025 el número de deudores concursados ha sido de 12.149, lo que supone un descenso trimestral del 21%, y un incremento anual del 25,3%. En cuanto a los concursos de personas jurídicas empresas, han disminuido un 2,6% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de personas físicas constituyen el 88,2% del total de deudores concursados, con un total de 10.714 procedimientos iniciados.

si existe indefensión del trabajador, según sentencia del 08-07-25. Cuando el motivo del recurso se base en una violación de las normas procesales, siempre que haya causado indefensión y afecte al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La ponente considera que esta interpretación es la más favorable para el derecho fundamental, admitiéndose el recurso, aunque solo sea a los efectos de poder resolver el concreto motivo que denuncia esa supuesta infracción de las normas o garantías procesales con resultado de indefensión. La sentencia considera que el requisito de cuantía mínima para la admisibilidad debe ceder ante las consecuencias que su aplicación tendría sobre la tutela judicial efectiva del recurrente, ya que impediría corregir una infracción de normas o garantías procesales cometida por la propia sentencia impugnada.

La mujer trabaja como operaria cárnica realizando tareas de picar, amasar, embutir, atar, envasar al vacío, colgar, encajar y paletizar el género. Entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 estuvo de baja laboral por cervicalgia siendo operada de síndrome del túnel carpiano derecho. Fue dada de alta en mayo de 2021. En septiembre de ese año comenzó otra baja médica por hernia discal que duró hasta diciembre. Durante este tiempo la trabajadora inició una solicitud de IP derivada de enfermedad común que fue denegada, primero por la entidad gestora y en enero de 2024 por el juzgado. El tribunal expone que la magistrada de instancia llega a esta conclusión analizando no solo los informes del EVI sino los correspondientes a los distintos servicios especializados que ha tratado a la demandante. Recuerdan que cuando existen contradicciones en las periciales, la doctrina jurisprudencial establece que debe prevalecer la valoración del juzgador de instancia conforme a las reglas previstas en el artículo 348 LEC.